«Tengo los pies rotos», es el primer mensaje que nos llega por WhatsApp después de tres días sin saber de él.
Ya está en Costa Rica.
Cruzar el Darién le destruyó los zapatos y nos cuenta que tiene «ampollas rojas» en las plantas de los pies que no lo dejan caminar. Consiguió que una oenegé le pagara una noche en una pensión de San José y compró alcohol, agua oxigenada y vendas para curarse y seguir su camino: «tengo que llegar a Estados Unidos. Ya empecé esto y tengo que terminar».
Por casi cinco años vivió en Bogotá, subsistiendo de vender dulces en las calles, trabajar en almacenes cargando cajas y como delivery con una moto que le prestó un amigo. Se fue de Venezuela porque allá no le daban sus medicinas para tratar su enfermedad: es VIH +.
Al principio, en Colombia, le daban sus medicinas, sin problemas, en las farmacias del Estado, pero la situación cambió después de la pandemia. Se tardaban más en cumplir con su tratamiento y le dio COVID.
Una enfermedad que casi lo mata.
Además, su mamá, que al principió migró hasta Lima y él se la trajo a Bogotá, se enfermó también. Sin empleo fijo, bajo la ineficiencia de un sistema de salud público y con la desesperanza por recibir evasivas de organismos internacionales que deberían ayudarlo, decidió volver a migrar.
«Mamá, regresa a Venezuela que allá los tíos te cuidan. Cuando yo me establezca en Estados Unidos te mandó a traer».
Ella lo bendijo, haciendo la señal de la cruz sobre su rostro, y lo dejo ir. Otra vez.
El 21 de septiembre, Amnistía Internacional publicó su informe: Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo sobre este informe: «Ante una crisis sin precedentes en la región, Colombia, Perú, Ecuador y Chile no han podido, o no han querido, proteger a quienes huyen de Venezuela. Las distintas medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional. Estos Estados tienen la oportunidad y la obligación de proteger a las más de cinco millones de personas venezolanas en sus territorios de manera urgente».
Y yo me quedo con esta frase: «no han podido, o no han querido».
Básicamente lo que hizo Amnistía Internacional fue evaluar las medidas de protección temporal, regularización migratoria y los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado atendiendo a su accesibilidad, alcance y efectividad en Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
«En base a esos tres criterios, Amnistía Internacional concluye que ninguno de estos cuatro Estados cumple con sus obligaciones bajo el derecho nacional e internacional de ofrecer protección internacional o protección complementaria a personas venezolanas.», dice Amnistía Internacional en la nota de prensa del lanzamiento del informe.
Sí, nos fallaron.
Él es primo de mi esposa.
El primo con el que más se lleva bien. Con el que, cuando eran chiquitos, jugaban a las escondidas, a la ere paralizada y a montarse en las matas para bajar mangos.
Amnistía Internacional también recalca que la ineficiencia de Colombia, Ecuador, Perú y Chile al integrar a los migrantes venezolanos con planes efectivos de regularización migratoria e inclusión socioeconómica, ocasionó que realizaran segundas migraciones hacia los Estados Unidos y Europa.
En lo que va de 2023, según datos de Migración Panamá, más de 400 mil migrantes han cruzado el Darién, la mitad de ellos son venezolanos.
Cuando los entrevistan antes de entrar a la selva, relatan que vienen de Ecuador, Perú, Chile o Colombia. Relatan que la situación es insostenible en esos países donde no les dan empleo, acceso pleno a los servicios básicos y donde la xenofobia y discriminación sigue vivita y coleando.
Prefieren adentrarse en un recorrido hacia la frontera sur de Estados Unidos, frontera que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) catalogó como la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Sólo en 2022, 686 migrantes murieron a lo largo de esta frontera, más de la mitad de los 1.457 migrantes que murieron en todas las Américas ese año.
Vale la pena preguntarse: ¿Qué están haciendo o dejando de hacer los Estados de acogida para proteger a los migrantes? ¿Qué están haciendo las agencias de las Naciones Unidas, que se dicen velan por los migrantes, con el dinero que piden? ¿Por qué si dicen, los gobiernos y organismos internacionales, que hay tantos proyectos y planes para ayudar a los migrantes, estos siguen arriesgando sus vidas para llegar a Estados Unidos o Europa?
Las personas no migran, atravesando peligros, porque les parece divertido.
Lo peor es que cuando pides cuentas, datos, resultados y la verdad, los gobiernos, agencias de la ONU y organismos internacionales te salen con evasivas o silencios.
Se manejan como corporaciones que velan por sus intereses, políticos y económicos, y no quieren que su prestigio y estilo de vida se vea afectado por una realidad latente y a la vista de todos: nos fallaron. Le fallaron a los migrantes.
Y aún así piden que confiemos en ellos. Que todo estará bien. Que miremos sus lindos reportes, donde las matemáticas dan para todo, para que «comprobemos» que «todos los migrantes estamos bien» en esos países de acogida y que queremos quedarnos.
Nos dijo que cuando llegue a Estados Unidos nos volverá a escribir. No tiene plan de datos y depende del WiFi que consiga.
No ha dejado de estar asustado.
Ahora le dicen que viene lo peor: cruzar México.